El Gobierno de España ha aprobado una nueva modificación del Real Decreto 390/2021, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que introduce cambios significativos en la regulación de la certificación de eficiencia energética de los edificios.
Esta actualización normativa redefine los criterios de competencia técnica exigidos para emitir certificados de eficiencia energética, tanto en la fase de proyecto de obra nueva como en edificaciones terminadas o existentes. Con esta revisión, se busca mejorar la calidad de los certificados emitidos, facilitar el acceso al sistema a más profesionales cualificados y avanzar hacia una mayor eficiencia energética en el parque edificatorio nacional.
Hasta ahora, la emisión de estos certificados estaba reservada a profesionales habilitados conforme a la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación (LOE). Es decir, únicamente podían emitirlos arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros e ingenieros técnicos con funciones de proyectista, dirección de obra o ejecución.
Cambios en los criterios de competencia técnica
Con la nueva regulación, se mantiene esta exclusividad para los certificados energéticos emitidos en la fase de proyecto de nueva construcción. Sin embargo, en el caso de obras finalizadas o edificios existentes, se amplía el acceso a otros perfiles profesionales, siempre que acrediten formación específica en certificación energética de edificios. Esta medida permite aprovechar el potencial de técnicos cualificados que, aunque no estén habilitados por la LOE, pueden contribuir con rigor técnico en la evaluación energética del parque edificado existente.
El contenido y la estructura de los programas formativos requeridos será establecido por el Ministerio, teniendo en cuenta la titulación de origen de cada aspirante. Esta formación tendrá como objetivo garantizar una base sólida en eficiencia energética, herramientas de cálculo, normativa técnica y metodología de certificación.
La acreditación de la competencia técnica se realizará mediante una declaración responsable, registrada por el profesional ante la comunidad autónoma correspondiente. Esta declaración tendrá validez en todo el territorio nacional, lo que permitirá a los nuevos técnicos ejercer su función certificadora sin restricciones geográficas adicionales.
Este cambio normativo supone una oportunidad para mejorar la calidad y cobertura del sistema de certificación energética en España, al mismo tiempo que impulsa la formación técnica especializada y reconoce nuevos perfiles profesionales comprometidos con la sostenibilidad y la transición energética.