El Gobierno prepara una ampliación de los certificados energéticos que afectará a más de un millón y medio de inmuebles que obtendrán el certificado cada año, con un coste de 60 a 150 millones de euros.
Los propietarios deberán obtener el certificado siempre que vendan o alquilen -aunque ya tuvieran uno en vigor, cuando acometan una reforma relevante, o si los inmuebles tienen más de 500 metros cuadrados y determinados usos, tal que comercios, oficinas o restaurantes. Las sanciones por incumplimiento oscilan entre los 300 y los 6.000 euros.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado su preceptivo informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación energética de los edificios, que tramita el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), para trasponer normativa europea -la Directiva 2018/844-, yendo más allá con sus exigencias en algunos aspectos.
Tal y como publicó el Economista, la futura norma crea un registro administrativo centralizado con los informes de evaluación energética de los edificios, condiciona la recepción de las ayudas a la obtención de ahorros constatables con una mejora de la calificación, prevé revisar en dos años quiénes pueden expedir la certificación, ahora limitado a arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros o ingenieros técnicos.